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¿Reventar al IEEC?

Victor C. Pedraza

Desesperados por cubrir su ineptitud, el todavía presidente estatal del PRI, Ricardo Ocampo Fernández, y el aún secretario de Elecciones y representante ante el Instituto Electoral del Estado, Juan Gabriel Avila Ordóñez, buscan a toda costa salvar su pellejo mediante un ataque inusitado a los consejeros electorales. Pero eso no es lo más grave; lo peor, inclusive, es que Ocampo Fernández y Avila Ordóñez traicionan alevosamente la confianza depositada en ellos por el primer priísta del Estado, Jorge Carlos Hurtado Valdez, y traicionan, de paso, a miles de personas que todavía creen en el Revolucionario Institucional.

Ocampo Fernández y Avila Ordóñez fueron designados en sus cargos con la tarea de sacar al tricolor del bache en el que se encuentra, trabajar para recuperar los espacios perdidos en el 2003 y revivir económicamente a ese partido. El próximo 20 de diciembre Ocampo Fernández y Avila Ordóñez cumplirán dos años en sus responsabilidades dentro del PRI y los resultados son desastrosos: alrededor de tres millones de pesos perdidos por el tricolor en la mesa del Consejo Electoral por pésimo manejo administrativo, que inclusive podría encuadrarse en delitos sumamente graves, porque se trata de financiamiento público otorgado por el propio Instituto Electoral.

Pero, ¿de dónde surge la animadversión que hoy hace pública el PRI en contra del Instituto Electoral del Estado y, particularmente, de sus siete consejeros? A partir del 30 de diciembre del 2003, cuando fueron designados los nuevos consejeros electorales, Avila Ordóñez le vendió la idea a Ocampo Fernández de que tenía un control absoluto sobre ellos. Pero la jugada del imberbe representante priísta ante el Instituto Electoral era otra: aprovechó la inexperiencia y la obvia falta de conocimientos de algunos consejeros para convertirse, junto con un hombre de negro pasado, en el gran conspirador, con la intención perversa de derribar a Celina Castillo Cervera de la Presidencia del IEEC. Para mala fortuna de Avila Ordóñez, y por la salud del propio Instituto Electoral del Estado, los dos o tres consejeros que al inicio apoyaron la idea metieron reversa.

Avila Ordóñez empleó entonces otra estrategia: con lengua viperina comenzó a hablarle al oído a Ocampo Ocampo, y este, con escasos apoyos y muchos enfrentamientos dentro del PRI, escuchó, escuchó, y creyó: la gran enemiga del PRI se llama Celina Castillo Cervera; la que no ayuda, la que no es amiga, la que trabaja a favor de los de enfrente. Hoy los resultados están a la vista: Ocampo Fernández, el presidente del partido político más importante de Campeche, no sólo es incapaz de tomarle una llamada a Castillo Cervera, sino que lanza improperios, un día sí y al otro también, en contra de ella y los otros seis consejeros electorales. A estos consejeros, luego de varios meses de estira y afloja, les cayó el veinte: a pesar de sus diferencias de pensamiento y actuación, están cohesionados, se sienten grupo y entendieron, finalmente, que su lucha no puede ser individual.

Más aún, los consejeros electorales, particularmente los cinco que integran la Comisión de Fiscalización, actuaron con estricto apego a derecho en la sanción por casi medio millón de pesos al PRI, partido que, en una actitud correspondiente a la política rupestre y retrógrada, se lanzó a la yugular de los siete electorales con la finalidad de dinamitar la fortaleza del Instituto. Pero no paran ahí las cosas; además de los adjetivos que el PRI, particularmente Avila Ordóñez, le endilgó a los consejeros electorales, desde días anteriores comenzaron las amenazas veladas a través de llamadas telefónicas y pláticas informales. La venganza del PRI, ahora, se enfila dentro de la mesa de Reforma Electoral: los priístas han expresado, en corto, su intención de reducir el salario de los consejeros electorales en años no electorales, pero la pregunta es, ¿por qué hasta ahora?, ¿por qué los priístas no se dieron cuenta, entre finales del 2003 y principios del 2004, que valía la pena reducir el ingreso salarial de los consejeros cuando no haya comicios?

Sin embargo, si todo se mide con un mismo rasero, entonces habría que incluir en la reforma electoral que a los partidos políticos se les suspenda el financiamiento público en años no electorales.
Además, los priístas, vía Avila Ordóñez y Ocampo Fernández, pretenden desaparecer los fondos para cubrir eventualidades extraordinarias en los comicios del 2006, por un monto de 3.3 millones de pesos, y para la construcción del edificio propio del Instituto, que ya tiene en la bolsa 6.8 millones de pesos. Estos recursos, por un monto total de 10.1 millones de pesos, provienen por multas aplicadas a los partidos políticos y por gastos no ejercidos en los diferentes tipos de financiamiento público del Instituto Electoral del Estado, y ambos fondos fueron acordados en la mesa del Consejo Electoral con la presencia y sin la oposición de los partidos políticos, incluyendo al PRI.

¿Cuál es, pues, la intención de desaparecer un fondo que cuando nació fue avalado, por lo menos con el silencio, por el PRI? La única respuesta se resume en siete palabras: venganza ante la incompetencia y la incapacidad. Así se las gasta el PRI; por lo menos así se las gastan quienes hoy regentean las siglas del tricolor. Pero qué se puede esperar de un hombre como Ocampo Fernández que no tiene el menor empacho de reconocer públicamente que está “hecho a imagen y semejanza” de Cruz Manuel Alfaro Isaac, el tristemente célebre “Cuxo”. Y de Avila Ordóñez, un muchacho que para “sentirse persona” se compra cinturones de dos mil pesos, usa camisas “de marca” y se embadurna con perfumes “como los que usan Ricardo Ocampo y los González Curi”. Sin embargo, esta arremetida del PRI en contra del Instituto Electoral del Estado le brinda, particularmente a los siete consejeros, de legitimarse a los ojos de la sociedad. Si los consejeros electorales no se asustan ante la embestida tricolor y se mantienen firmes y cohesionados en sus decisiones apegadas a derecho, entonces el Instituto Electoral del Estado se convertirá en un árbitro confiable y a prueba de balas en los comicios del 2006.

A nadie le conviene que en las próximas elecciones el Instituto Electoral llegue desgastado, disminuido o debilitado, pero eso le conviene mucho menos al PRI. Por ello, quienes hoy regentean las siglas del tricolor deben medir cada paso, deben esta concientes que con cada decisión pueden estar cabando su propia tumba de cara al 2006.

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